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| POR FERNANDO RODRÍGUEZ CÉSPEDES |
Tengo una hija discapacitada físicamente
y si hubiera sabido de su condición antes de que naciera, igual la hubiese
tenido, pues no creo que ese sea motivo para tronchar una vida inocente.
Pero esa es una decisión muy personal
porque su crianza y cuidados es responsabilidad mía y de su madre, no de las
iglesias ni los diputados que pretender regir la vida y decisiones de los
demás.
El tema del aborto crea mucho revuelo
por sus implicaciones, pero hasta Dios dotó al hombre y a la mujer del libre
albedrío para que tomen sus decisiones de acuerdo a su consciencia.
La prohibición del aborto terapéutico no
va a disminuir la cifra de los mismos, pero va a incrementar las muertes a
consecuencia de los métodos poco profesionales a que se someterán las mujeres
pobres.
Y digo las pobres porque esos que
pretenden imponer la prohibición del aborto son los primeros que en situaciones
de riesgos, violación o deformación de la criatura, llevarían a sus parientes a
realizarlos fuera del país.
Las decisiones sobre salud y educación
conciernen a la persona y al Estado cuya Constitución en su artículo 37
consagra el derecho a la vida, no sólo de la criatura en formación sino también
de la mujer que lo incuba.
El artículo 42 garantiza la integridad
personal, que incluye la física, psíquica y moral, y esa prerrogativa es la que
pretenden vulnerar las iglesias y los diputados desconociendo los derechos
humanos de nuestras mujeres.
El presidente Danilo Medina y el Senado
de la República tienen una gran responsabilidad en sus manos y confiamos en que
sabrán acoger las sugerencias de la ONU y de los sectores más sensatos del
país.
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