Aunque el sicariato tiene sus
orígenes en la antigua Roma, en los últimos años se ha globalizado pasando a
ocupar un lugar importante en el bajo mundo utilizándose en narcotráfico,
ajustes de cuentas, luchas políticas, conflictos pasionales y hasta en
problemas familiares.
El tema es recurrente, y pese a que
la Policía Nacional tiene en sus archivos de pandillas a más de 100 grupos
delincuenciales identificados, solo actúa contra los mismos cuando cometen un crimen
por encargo o motu proprio.
En los últimos días, la sociedad dominicana
se ha visto estremecida por tres casos relacionados con el sicariato: el juicio
contra la banda que intentó asesinar al
abogado Jordi Veras en Santiago, la
muerte de dos jóvenes damas en la zona oriental y la ejecución del regidor Renato
Castillo en Bayaguana.
Este último asesinato tiene
connotaciones especiales por tratarse, según la policía, de un crimen mandado a
ejecutar por el alcalde Nelson Sosa contra el edil de su propio partido que había
denunciado el manejo doloso de unos 15 millones de pesos por el hoy acusado de
homicidio.
El tema está en la picota y coincide
con un proyecto de ley que busca modificar el garantista Código Penal vigente,
incluyendo la tipificación del sicariato y estableciendo penas más drásticas
contra los autores intelectuales, mediadores y ejecutantes de crímenes por encargo.
Esta es una buena oportunidad para
que los legisladores hagan algo positivo a favor de la ciudadanía y de ellos
mismos, porque aún está latente en la mente del pueblo, el asesinato cometido
contra el senador Darío Gómez, en un caso típico de sicariato, que se quiso presentar como un asalto.
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