Por Jacqueline Morrobel
DOMINGO,RD.- La Secretaría de Salud Pública revocó este miércoles la cancelación de tres médicos residentes y dos enfermeras que habían sido cancelados después de altercado ocurrido en el hospital Francisco Moscoso Puello, durante una huelga médica.Sin embargo, fue inmóvil ante la separación de sus puestos del dirigente gremial Senén Caba y del doctor Juan Suero.
Monseñor Agripino Núñez Collado, ofreció la información al terminar la cuarta reunión de diálogo que se realiza para buscar una salida a los reclamos de los médicos, que piden un aumento salarial de 59,946 pesos mensuales.
El diálogo se lleva a cabo entre el secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, y los dirigentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y dos gremios de enfermería, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, dijo al referirse al doctor Juan Suero, quien es señalado como el galeno que propinó un golpe en el rostro al director del hospital Moscoso Puello, doctor Roberto Lafontaine, que se ha pedido una sanción que podría ser económica con la suspensión de salario por dos o tres meses, pero tampoco se aceptará su cancelación, ya que es un médico que depende solamente de ese trabajo.
Asimismo, advirtió que el gremio no aceptará la cancelación del médico Senen Caba, ya que a su juicio es política y tiene el propósito de neutralizarlo en sus aspiraciones de presidir el gremio médico a partir de las elecciones a celebrarse en noviembre próximo.
Manifestó que llama la atención que el secretario de Salud Pública, se haya empeñado en mantener la cancelación de Caba, cuando la comisión que investigó los hechos determinó que no tenía ningún tipo de responsabilidad.
Expresó que en el caso de Caba se están violando todas las leyes, ya que es el presidente del CMD del Distrito, se encuentra bajo licencia gremial y está nombrado por concurso.
Dijo que la ley 6097 establece que cuando el médico comete falta su caso debe ser conocido por el Tribunal Disciplinario, mientras la Ley de Función Pública indica que corresponde al Poder Ejecutivo cancelar, pero para hacerlo primero se debe instrumentar un expediente.
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