El sufrimiento que padeció un condenado a muerte
al que se inyectó una solución letal en Oklahoma (Estados Unidos) que no
actuó de forma inmediata constituyó un trato cruel e inhumano, lo que
el derecho internacional equipara con la tortura, señaló hoy la ONU.
La forma en que se dio muerte al reo Clayton
Lockett implicó un "trato cruel, inhumano y degradante, según las normas
internacionales de derechos humanos, y transgredió la octava enmienda
de la Constitución de Estados Unidos, que dispone que no se deben
infligir castigos crueles", sostuvo la alta comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Navi Pillay.
"El de Lockett es el segundo caso de sufrimiento
extremo reportado en lo que va de año y causado por el mal
funcionamiento de las inyecciones letales", dijo el portavoz de Pillay,
Rupert Colville.
El primer caso fue el de Dennis McGuire, quien fue
ejecutado en Ohio el pasado enero con una combinación de sustancias que
luego se denunció que no fue probada previamente.
El Estado de Oklahoma ha aplazado ejecuciones que
estaban previstas próximamente, tras la orden de que se revisen todos
los procedimientos y protocolos para la aplicación de la pena de muerte.
Sendos órganos de derechos humanos de la ONU han
pedido en el pasado a EEUU que evalúe sus métodos de ejecución para
evitar el sufrimiento y dolor severos.
Asimismo, recomendaron que los estados se
aprovisionen con inyecciones letales de forma legal, regulada y que
hayan sido aprobadas por la Administración para la Alimentación y las
Drogas, el órgano estatal que regula los medicamentos.
El ajusticiamiento de Lockett, de 38 años, fue el
último de varios que han sido más largos y agónicos de lo esperado,
además de polémicos, por el uso cada vez mayor de nuevas inyecciones
letales frente a la escasez de las convencionales.
También provoca suspicacia la reserva extrema con la que las autoridades estatales se aprovisionan de esos fármacos.
Colville dijo que lo ocurrido en esas ejecuciones
refuerza el argumento de que las autoridades en todo EEUU deben imponer
una moratoria inmediata de la pena de muerte y optar por su abolición.
La pena capital es legal en 32 de los 50 estados de ese país, además de estar permitida a nivel federal y en el ámbito militar.
Sobre cómo todo esto influirá en Texas, el estado
donde más se ejecuta a condenados a muerte en EEUU, el portavoz indicó
que "podemos imaginar que lo ocurrido en Oklahoma puede tener
ramificaciones para las ejecuciones previstas con inyecciones letales"
en el primer estado. EFE
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