El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, respaldó este jueves un boicot de la ciudad californiana contra el estado de Arizona por su nueva ley que criminaliza la inmigración ilegal.
Villaraigosa calificó la nueva legislación de "antipatriótica y anticonstitucional".
"Ninguna persona debe ser tratada de forma diferente ante los ojos de la justicia", declaró el alcalde angelino durante una rueda de prensa que celebró junto a organizaciones activistas hispanas que han convocado a una gran marcha para este sábado primero de mayo para reclamar una reforma migratoria integral y rechazar la nueva ley de Arizona.
Las autoridades locales calculan que unas 100.000 personas se congregarán en el centro de Los Ángeles este sábado. Villaraigosa exhortó a los angelinos a participar en la manifestación para mostrar solidaridad en contra de la legislación y pidió a los asistentes que se vistan de blanco y ondeen la bandera estadounidense.
La ley SB1070, que fue promulgada el viernes de la semana pasada por la gobernadora Jan Brewer, obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales.
Con la nueva normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus documentos de identidad en caso de que tengan una "sospecha razonable" de que pueda ser un indocumentado.
El alcalde de Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, afirmó que los boicots han sido efectivos en el pasado y recordó el declarado durante la década de 1980 contra Sudáfrica en rechazo al apartheid.
Estrechas relaciones
¿EN QUÉ CONSISTIRÍA EL BOICOT?La ciudad de Los Ángeles se abstendría de conducir actividades comerciales en Arizona.
Asimismo, Los Ángeles dejaría de participar en convenciones celebradas en este Estado.
Se reevaluarían las relaciones financieras entre empresas de Arizona y los departamentos locales de la ciudad de Los Ángeles.
Un boicot de Los Ángeles podría perjudicar seriamente la economía de Arizona.
Una revisión preliminar de las relaciones comerciales bilaterales reveló contratos de la ciudad con firmas de ese estado de por lo menos US$7,2 millones.
Siete miembros del concejo de Los Ángeles propusieron este martes el bloqueo, exhortando a que la ciudad "se abstenga de conducir" actividades comerciales o de participar en convenciones en Arizona.
El concejal Ed Reyes, coautor junto a Janice Hann de la propuesta, instó a los funcionarios de la ciudad a realizar una evaluación de las relaciones financieras que existen entre empresas de Arizona y los diferentes departamentos locales.
Villaraigosa reconoció la complejidad de un boicot contra un estado con el que Los Ángeles sostiene lazos comerciales estrechos pero afirmó que la acción enviará un mensaje y sentaría un ejemplo a seguir por otras ciudades de Estados Unidos.
"Lo importante es que los boicots funcionan", dijo el alcalde.
Empiezan las demandas
(La ley) viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados.
Miguel Rivera, presidente de una asociación religiosa hispana
Mientras, la Coalición Nacional de Clérigos y Lideres Cristianos Hispanos (CONLAMIC) presentó este jueves la segunda de lo que se perfila como una serie de demandas en contra de la ley antiinmigratorias de Arizona.
"Estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación de la ley estatal SB1070, ya que consideramos que viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados", dijo el reverendo Miguel Rivera, presidente de CONLAMIC, entidad que representa a más de 30.000 iglesias de EE.UU.
La acción judicial se suma a la del agente policial Martin H. Escobar ante la corte federal de Tucson en contra de la gobernadora Brewer y el procurador estatal por la promulgación de la legislación y alega que la norma se convertirá en un obstáculo para que la policía pueda hacer su trabajo, particularmente en sectores poblados por hispanos.
Este jueves, el Fondo Mexicano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) anunciaron que también se querellarán contra la polémica legislación.
"El día de hoy las tres organizaciones de mayor experiencia en la defensa de los derechos civiles en la nación nos hemos reunido para anunciar un esfuerzo para retar la legitimidad de la ley estatal SB1070", dijo Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF durante una rueda de prensa celebrada en Phoenix, la capital de Arizona.
Saenz calificó la nueva norma de "anticonstitucional" y "discriminatoria" y aseguró que viola los derechos civiles de todos los hispanos en Arizona.
Al menos tres ciudades de Arizona están estudiando demandar al Estado por la ley, entre ellas Phoenix. Su alcalde, Phil Gordon, dijo que la ley será "devastadora para la economía".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinion nos ayuda a crecer