En últimos días Santiago (R.Dominicana) (EFE).- Doce personas han fallecido en hechos violentos en las últimas 72 horas en la región norte de la República Dominicana, según estadísticas divulgadas hoy por las autoridades y organismos de derechos humanos, lo que ha causado alarma entre sus pobladores.
Los organismos estiman que la provincia de Santiago, la segunda del país y que tiene una población que supera el millón de habitantes, es la más afectada con esta ola de violencia.
Algunas de las víctimas fallecieron en supuestos ajustes de cuentas por asuntos relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos, mientras que otras han caído en alegados intercambios de disparos con policías, según las fuentes.
La última víctima reportada por la policía es un hombre que fue acribillado a tiros ayer por desconocidos en el sector de Cienfuegos, en Santiago, y quien supuestamente estaba ligado a un asalto cometido en contra del ex gobernador de esta provincia José Izquierdos.
El responsable de la Comisión de los Derechos Humanos en el norte dominicano, Dionisio Jérez, criticó hoy los hechos de violencia que se suceden en la región y, en especial, los protagonizados por la Policía Nacional en supuestos intercambios de disparos.
Jerez criticó en particular las muertes a manos de policías de Jhonantan Liriano, un dirigente popular que falleció a causa de los disparos que recibió en una protesta, y de la de Cecilio Díaz, quien formó parte del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y de Wilian Batista, ambos involucrados en un secuestro.
El activista de los derechos humanos recordó que Díaz y Batista fueron entregados vivos por la Marina de Guerra a la Policía, pero que posteriormente fueron encontrados muertos.
Jerez se unió a los sectores que piden someter al jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, a los tribunales para que responda por estos hecho.
Señaló que las ejecuciones por parte de la policía dominicana son peligrosas y violentan el orden jurídico y la normativa constitucional vigente en el país.
"Lo correcto es que sean juzgadas por un tribunal, pero no asesinarlas como perros y en presencia hasta de niños", subrayó.
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