Awilda Reyes Beltré |
POR FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES |
Bajo este pretexto, son muchos los crímenes y actos de
corrupción que se han cometido en nuestro país como si la ejecución, aun bajo
órdenes, de una acción reñida con la ley, liberara de responsabilidad a quien
la ejecute.
Con frecuencia, muchos delincuentes insertados en la
milicia, en la administración pública y en la justicia, cometen fechorías dando
a entender que actúan bajo el mandato de sus superiores, procurando así, el
silencio e impunidad de sus actos.
Esa práctica no es nueva, pero igual, sigue dando
resultados con el agravante de que la delincuencia se ha cubierto con el manto
impune de la politiquería de manera que cuando alguien es perseguido por sus
crímenes, alega motivaciones políticas.
Y como esta clase tiene patente de corso para delinquir,
generalmente los delincuentes enganchados en la política, se salen con la suya.
El caso del convicto falsificador de medicamentos José del Carmen Cruz, y otros
recientes, ilustran esta aseveración.
En el ámbito penal, inmobiliario y hasta administrativo,
muchos jueces y fiscales corruptos se aprovechan, para lucrarse, del desorden
prevaleciente en el sistema de justicia, y cuando son cuestionados, amenazan
con hacer revelaciones comprometedoras.
Estas denuncias, evidentemente implicarían a sus
superiores y como muy pocos están libres de pecados, todo se resuelve con el
sacrificio de uno o dos peones del sistema, para proteger a las cabezas de las
mafias judiciales que, en ocasiones, operan desde oficinas privadas.
El caso de la suspendida juez, Awilda Reyes Beltré, pone
a la justicia y a sus principales estamentos en una delicada situación de la
que pueden derivarse el fortalecimiento de la misma, o su descrédito total.
¡La sociedad espera atenta el desenlace aunque sin muchas
ilusiones!
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