La Casa Blanca confirmó hoy la detención desde
octubre pasado de más de 52.000 inmigrantes menores de edad que llegaron
al país ilegalmente y reiteraron que estos niños y niñas están sujetos a
la deportación a sus países.
Esta migración de niños la hemos visto
durante años, dijo la directora de Política Interna de la Casa Blanca,
Cecilia Muñoz, en una teleconferencia de prensa.
"Pero ahora esta migración ha aumentado por la
violencia en los países centroamericanos y porque las bandas criminales
le dicen a la gente que una vez que los niños entran a EE.UU. reciben un
permiso y se quedarán", agregó.
La asesora legal del Departamento de Seguridad
Nacional, Esther Olavarría, enfatizó que la ley permite deportar a los
menores de edad, desmintiendo uno de los rumores que, según las
autoridades estadounidenses, ha intensificado la emigración de niños a
EE.UU.
"A los niños se les puede deportar y, de hecho, son deportados cada año", señaló Olavarría.
Las funcionarias indicaron que desde el comienzo
del año fiscal en curso, el 1 de octubre pasado, más de 52.000 niños, en
su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de cruzar
ilegalmente la frontera y han quedado bajo custodia del Departamento de
Salud.
Otro rumor que alimenta el éxodo de menores desde
América Central señala que los niños podrán ampararse en el "status de
protección temporal" (TPS), que Estados Unidos haya otorgado a sus
padres.
El Gobierno de EE.UU. ha extendido en décadas
pasadas esos TPS a cientos de miles de centroamericanos que huyeron de
sus países debido a desastres naturales como terremotos o huracanes.
"Las personas amparadas por un TPS tienen que
estar en Estados Unidos a la fecha cuando se otorga el TPS", dijo
Olavarría. "Los niños que vienen después no califican para el TPS",
agregó.
Ricardo Zúñiga, director para Latinoamérica del
Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó también que "quienes entran a
Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a
la deportación y no recibirán los beneficios de una reforma de las leyes
de inmigración ni de la 'acción diferida'".
La "acción diferida" responde a un decreto emitido
en 2012 por el presidente de EE.UU., Barack Obama, que dejó en suspenso
la deportación de jóvenes nacidos en el exterior y que fueron traídos
de pequeños como inmigrantes indocumentados por sus parientes.
Zúñiga añadió que Estados Unidos destinará 40
millones de dólares para la "seguridad ciudadana" en Guatemala, 25
millones para programas de prevención de la delincuencia en El Salvador
-incluidos 77 nuevos centros para jóvenes- y 18,5 millones para "policía
comunitaria" en Honduras, a fin de enfrentar a las pandillas.
Además, Washington proveerá 161,5 millones de dólares para programas de seguridad en América Central, dijo el funcionario.
Advirtió, asimismo, que tanto los adultos como los
niños que hayan sido deportados y sean capturados nuevamente por otro
ingreso ilegal están sujetos a un trámite de deportación más expedito.
"Los que lleguen, serán devueltos a sus países", dijo.
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