Con el ajusticiamiento del dictador
Rafael Leónidas Trujillo Molina se decapitó la tiranía pero no se eliminó el
trujillismo cuya influencia sigue gravitando en nuestra sociedad, 53 años después,
gracias a alianzas políticas espurias y a la existencia de una casta
privilegiada que ha disfrutado y sigue disfrutando de la protección del Estado
Grandes fortunas de procedencias ilícitas son exhibidas y estrujadas en
las caras de los marginados sociales que día a día luchan desesperadamente para
cubrir sus necesidades más perentorias mientras ven impotentes cómo se repite
la historia de individuos que llegan a poder a enriquecerse descarada e
impunemente.
Estos señores, blindados por un sistema judicial estructurado a su
conveniencia y medida, hacen y deshacen con la seguridad de que por mucho que
los denuncien quienes luchan por vivir en un país decente, donde la ley sea igual
para todos, no lograrán que se haga justicia porque ellos tienen todo previsto
y amarrado.
Por eso, los resultados de las auditorías realizadas por la Cámara de
Cuentas a gestiones de funcionarios, pasados y actuales, solo sirven para poner
el dedo sobre las llagas purulentas de una corrupción cuyos responsables de perseguirla ni se dan por
enterados, mientras el pueblo observa indignado estos desafueros.
El autoritarismo de personeros
que han tenido la habilidad de mantenerse vigentes, a la sombra del poder desde
los tiempos de la dictadura hasta nuestros días, es tan grande que se
consideran por encima del bien y del mal y manejan las dependencias a sus
cargos como feudos de su propiedad.
Hay otros, que desde el sector privado, no conformes con los cuantiosos
bienes que heredaron de la dictadura, pretenden seguir usufructuando y
apoderándose descaradamente de los bienes del Estado, que es lo mismo que decir
de los bienes del pueblo, como en el sonado caso de Antena Latina.
Existen otras muchas situaciones,
como la impunidad que ha protegido a los asesinos del profesor Narciso
González, a los autores intelectuales del asesinato de Orlando Martínez y a los
responsables de fusilamientos como los de Manolo Tavárez Justo y sus
compañeros, y del Coronel de Abril,
Francisco Alberto Caamaño Deñó.
Estos indicadores confirman la
vigencia del trujillismo 53 años después.
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