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El tema de las armas de fuego y desarme de la población es
profundo y complicado porque afecta grandes intereses económicos de personas
allegadas al poder militar, tráfico ilegal y repartición entre acólitos o
seguidores de políticos productos de una cultura instaurada desde la muerte de
Trujillo y tratada con permisividad por los sucesivos gobiernos del país del
país.
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POR FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES
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El argumento reaparece ante la ola de crímenes con armas de fuego
que nos azota lo que llevó al procurador general de la República, Francisco Domínguez
Brito a pedir públicamente que se desarme a la población ante la escalofriante estadística
que reporta 576 muertes producto de heridas causadas con este tipo de armas en
los primeros seis meses del presente año.
De acuerdo a la oficina del Sistema Nacional de Armas (SISNA)
en el país hay 240 mil armas de fuego registradas, mientras que la cantidad de
ilegales se calcula en más de 800 mil lo que implica que si se desarma a la población
armada legalmente, quedaríamos a merced de quienes las poseen irregularmente,
entre ellos delincuentes con graves antecedentes penales.
Creo que la propuesta
del Procurador es bien intencionada y debe motivar, no solo a un debate mediático
de vigencia pasajera, sino a la apertura de seminarios, elaboración de
proyectos y realización en el Congreso de vistas públicas con la activa participación de los organismo
del Estado que, como Interior y Policía, deben velar por la tranquilidad y
seguridad ciudadana.
Mientras tanto, debe intensificarse el decomiso de las armas
ilegales y endurecerse las sanciones a quienes sean sorprendidos en el porte o posesión
de las mismas en base a la aprobación de un proyecto de ley que cursa en las
cámaras legislativas debido a que actualmente cualquiera sorprendido violando
la ley, en este sentido, sale del problema con el simple pago de una fianza.
Lo ideal sería, no un país, sino un mundo sin armas de fuego.
Pero mientras ese sueño se convierte en realidad y las autoridades no puedan
garantizar la seguridad ciudadana, y hayan tantos delincuentes armados, hay que
permitir que las personas sin antecedentes y que tengan algo que perder, puedan
defenderse asimismo, sus negocios y sus familias.
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