El fantasma de la deportación se aleja para miles de latinos en EE.UU.

Se estima que en EE.UU. hay unas 300.000 causas de deportación abiertas.

Elisa lleva 5 años levantándose cada mañana sin saber si por la noche llegará a su casa: desde que le abrieron una causa de deportación, en 2006, sabe que puede ser expulsada de Estados Unidos, donde entró sin papeles hace casi 20 años, para ser llevada de regreso a su país, México.

Pero las cosas pueden estar a punto de cambiar: Elisa vive en Denver, la capital del estado de Colorado, una de las dos ciudades –junto con Baltimore, en Maryland- elegidas por el gobierno estadounidense para poner en marcha una prueba piloto por la que miles de deportaciones en marcha serán suspendidas por tiempo indeterminado.

El plan de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contempla revisar cada uno de los procesos abiertos para seleccionar aquellos casos que se consideran "de alta prioridad", por tratarse de indocumentados con historial criminal o que representan algún peligro para el país.

El resto, en su mayoría inmigrantes que no tienen antecedentes delictivos o bien pueden esgrimir factores mitigantes, podría beneficiarse con una amnistía administrativa que, en la práctica, significa que la expulsión forzada quedará en compás de espera.

Destinado a durar seis semanas, el piloto comenzó hace unos días y ya ha resultado en buenas nuevas para algunos de los hispanos de Denver.

"Que me hayan dado más tiempo, gracias a Dios, es una bendición para que mis hijos estén aquí en la escuela. Pero esta espina de que uno no sabe qué van a resolver sigue estando. Yo no tengo ningún tipo de delito y debería beneficiarme, pero una nunca sabe", dijo a BBC Mundo la mexicana Elisa (prefiere no dar su apellido), que tenía una audiencia ante la corte en enero próximo que ahora ha sido postergada.

Nueva política

A Raúl Cárdenas le avisaron por escrito que su deportación está en revisión, nueve años después de que su esposa estadounidense pidiera para él los papeles de residencia y, en pleno trámite, fuera detenido por haber utilizado un falso número de seguridad social, la identificación individual que asigna el gobierno estadounidense para fines laborales y tributarios.

"El plan piloto es una muy buena noticia. Mi audiencia final se suspendió, no sé si detuvieron la deportación porque no entiendo mucho el proceso. Aunque todavía no puedo trabajar y sostener a mi familia y me siento inútil"

Raúl Cárdenas, inmigrante indocumentado de Denver con una causa de deportación

"(El plan piloto) es una muy buena noticia. Mi audiencia final se suspendió, no sé si detuvieron la deportación porque no entiendo mucho el proceso. Aunque todavía no puedo trabajar y sostener a mi familia y me siento inútil", señaló Cárdenas.

Los casos de estos dos hispanos son un reflejo de la  nueva políticaclic en materia de deportaciones impulsada por el gobierno de Barack Obama. 

En junio pasado, la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, alentó el uso del llamado "criterio de discrecionalidad" (prosecutorial discretion) para los sin papeles sobre los que pesa un pedido de expulsión. Según los nuevos lineamientos, aquellos casos considerados "de baja prioridad" podrían ser cerrados por un plazo no específico. 

Según las indicaciones distribuidas en un memorándum del ICE -firmado por el director de la agencia, John Morton-, el gobierno federal apunta a sacar de la lista de potenciales deportados a los estudiantes jóvenes, a aquellos que sirven en las fuerzas armadas y a migrantes que tengan familias con lazos fuertes con Estados Unidos, sea a través de un cónyuge ciudadano o de hijos nacidos aquí, así como a adultos mayores o  víctimas de violencia doméstica. 

Al mismo tiempo, el ICE quiere acelerar las causas contra indocumentados sospechosos de terrorismo, que hayan cometido delitos graves o múltiples ofensas menores o que representen un riesgo para la comunidad.

"El concepto de discrecionalidad es bastante simple: si hay una persona que está robando un banco y otro que pasa por la calle frente a ese banco en el mismo momento, la policía va a concentrar su atención en el primero y va a ignorar al segundo.

Se trata de una manera inteligente de aplicar las normas generales del orden a casos particulares. En el contexto legal de la inmigración, significa ir detrás de las prioridades que establece el ICE", explicó ante BBC Mundo Laura Lichter, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en Denver.

Así, el sistema piloto funciona como un "triage", el método utilizado en medicina para evaluar la gravedad de los pacientes y decidir quién debe recibir atención prioritaria.

Durante seis semanas, serán revisados unos 7.700 casos de deportaciones en Denver y otros 5.000 en Baltimore, antes de que el ICE considere la continuidad del programa.

Sistema saturado

No todos están contentos con este programa piloto.

Según los expertos, la propuesta gubernamental es un intento por resolver la saturación del sistema judicial, que tiene unas 300.000 causas de deportación abiertas en todo el país a la espera de resolución. 

"Es una cuestión de administración de recursos. Tal como funciona el piloto, se puede parar un caso en cualquier instancia del proceso, sea que está en el final ya decidiéndose la expulsión o sea para evitar abrir una nueva causa a quien es considerado de ‘baja prioridad’", señaló Lichter.

Para Aminta, una salvadoreña de 20 años que está en proceso legal junto a sus padres y pidió reserva del apellido, la espera genera ansiedad. Su pedido de deportación se inició hace 5 años, después de que un abogado –según dice- los engañó durante el trámite de pedido de residencia. Ahora, confía en que se beneficiará con la medida.

"Me da esperanza, bastante… si ya salimos de las cortes y la probabilidad de que nos saquen del país ya no está colgando sobre nuestras cabezas, todo va a ser diferente. Voy a poder terminar mis estudios sin preocupaciones", dijo a BBC Mundo la joven, que va por el segundo año de la carrera de Negocios Internacionales.

Sin embargo, no todos están satisfechos con las perspectivas de este piloto. Según señalan organizaciones por los derechos de los migrantes, los nuevos lineamientos no contemplan qué pasará después con aquellos que vean su deportación suspendida.

Incluso si los casos son cerrados por el ICE, los individuos continuarán viviendo en Estados Unidos en situación irregular, ya que el programa no está pensado como una vía de acceso a la residencia legal o la ciudadanía.

"Invertimos diez años y miles de dólares para que el gobierno reconozca la legitimidad de nuestra relación y nuestra familia y todo lo que conseguimos es que suspendan una audiencia. Ahora estamos en un limbo peor que antes, porque Raúl no puede salir de Estados Unidos pero tampoco puede trabajar aquí para sostener a su familia", señaló Judy Cárdenas, tras conocer que su esposo había entrado en la lista de baja prioridad en el piloto de Denver.

Un fantasma

Para Elisa –que fue encausada por el ICE después de solicitar una visa para la que no era elegible y de contraer matrimonio en mitad del proceso sin notificar a las autoridades-, la perspectiva de esperar es de todos modos preferible a la aprensión que le genera el fantasma de la expulsión latente.

"En mi casa afectaría mucho porque mis papás están enfermos (la madre es invidente y su papá tiene Parkinson avanzado) y yo soy la que los llevo a los doctores. Y mi hijo tiene que ir a educación especial. Imagínese en México, como está la situación ahorita… Además allá no tengo a nadie viviendo, sería cuestión de irme yo sola con mis tres hijos", relata la mujer, de 42 años, que vive de limpiar casas y vender tamales.

Pero, tal como establecen las autoridades, la atención a los casos de mayor peligrosidad no significa que el número total de deportaciones vaya a reducirse.

"Las estadísticas de deportaciones durante la administración de Obama han mostrado un crecimiento sostenido por los últimos tres años. En el período fiscal 2011, la Oficina de Inmigración y Aduanas reportó un récord de casi 397 mil casos, 4.000 más que en 2010"

Las  estadísticas de expulsiones forzadas por la administración de Obama han mostrado un crecimiento sostenido por los últimos tres años. En el período fiscal 2011, el ICE reportó un récord de casi 397 mil casos, 4.000 más que el año anterior. 

De ellos, según las autoridades, 55% había cometido faltas graves o menores, aunque este porcentaje es objetado por organizaciones de derechos humanos, que señalan que la categorización de delitos que establece la agencia de inmigración es poco clara.

La misma secretaria Napolitano ha indicado que las nuevas políticas de deportaciones no están destinadas a reducirlas, sino a reorientar el foco de los agentes y los tribunales de inmigración hacia los indocumentados que cometen "violaciones severas de las leyes".

Así, los recursos que se ahorren en la gestión de casos de baja prioridad pasarían ahora a aplicarse a los más urgentes, según lo determine el ICE.